2013/06/27

Democracia representativa vs. democracia directa: ¿un falso dilema?

Los tiempos que corren son pródigos en uno de esos lugares comunes que, a fuerza de ser pregonados, terminan por encubrir algo más que meras palabras: el profundo desprestigio y la deslegitimación de las instituciones representativas nacidas del sufragio universal. Desde luego, no es la primera vez, en la Historia contemporánea, que aflora el discurso basado en la "crisis del Parlamento", por otra parte casi endémico con independencia de otros aspectos de la crisis política e institucional y de otras crisis actuales, como la económica y financiera. Pero ahora resurge con singular fuerza por la contraposición, percibida por los ciudadanos, entre los que se contemplan como intereses comunes del cuerpo electoral y lo que se ventila mediante el debate y la votación en las Cámaras parlamentarias.

Y sin embargo, debemos detenernos a pensar si no estamos ante una contradicción aparente, más que ante una cesura insalvable. Es indudable que las teorías clásicas sobre la democracia y la representación política nos abocan a una legitimidad nacida del pueblo, de la soberanía nacional, de la voluntad popular o de cualesquiera otras fórmulas similares. Pero no lo es menos que esas mismas instituciones, en un contexto en el que el Estado ha sido configurado como portador de poderes tutelares, tienen el derecho, la obligación y, por lo tanto, la potestad de hacer cierto el principio democrático: de "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas", por utilizar la contundente expresión del art. 9.2 de la Constitución Española; en suma, de salvar y, en su caso, eliminar los obstáculos que se interpongan a la participación ciudadana con independencia de la faz que adopte ésta.


Democracia representativa y participación han de aparecer, de esta forma, como un binomio integrado, como los miembros o partes de la misma realidad política, de un solo espacio público. Y esta afirmación se hace especialmente pertinente en medio de un paisaje devastador para ambas: el de su divorcio. En España, el constituyente de 1978 trató con recelo los institutos de democracia directa y puso énfasis en la representación porque era lo que imponían las necesidades históricas; la práctica política no ha modificado esa tendencia y, con toda seguridad, ha contribuido a ahondarla. Por eso parece llegado el momento de reflexionar sobre el punto en el que nos encontramos y ver qué correctivos admite este estado de cosas teniendo presente -sin duda alguna- lo insoslayable y prevalente de los mecanismos representativos y la escasa o nula solvencia de las alternativas que se proponen laminarlos sin más.

Las peticiones de los ciudadanos ante las Cámaras, por ejemplo, merecen un impulso que las saque del papel residual al que han sido confinadas. Los requisitos de ejercicio, formales y materiales, de la iniciativa popular pueden y deben relajarse sin perder de vista que el Parlamento tampoco puede permitirse perder un ápice de una potestad legislativa ya bastante rebajada pero en la que su misión integradora tiene mucho camino por recorrer. Las audiencias a los ciudadanos y las comparecencias de expertos, asociaciones y movimientos interesados en la materia o contenido de un proyecto o proposición de ley han de devenir regla general y no excepción o mera anécdota en el seno del procedimiento legislativo, por otra parte también necesitado de mejoras. Y los principios de transparencia y control político deben ahormar toda la actividad parlamentaria sin que queden resquicios que se les escapen -a salvo, claro está, los imperativos que se deduzcan de otros derechos fundamentales-, con ayuda de las nuevas tecnologías y en pos del principio que, al cabo, resume y guía la democracia contemporánea: el de aspirar a la identidad entre representantes y representados.

En unos casos bastará con reformas de los Reglamentos parlamentarios para hacer norma de estas ideas; en otros incluso habrá que pensar, por elevación, en modificaciones del texto constitucional o, en un Estado compuesto como el nuestro, de los Estatutos de Autonomía. Pero detrás de ambas clases de operaciones jurídicas tendrá que latir la voluntad de acabar con lo que no debería ser una antítesis y de situar la representación política y la participación de los ciudadanos en las instituciones como piezas del mismo puzzle: distintas pero unidas y dirigidas constitutivamente al mismo fin. La democracia se juega en esta partida, acaso, su misma supervivencia tal como la hemos conocido y la reacción ante el panorama que con ello vivimos es, por ello, inevitable a la par que perentoria.

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