2013/05/21

Instituciones representativas: ¿quién representa a quién?

(Acabo de enviar hace unos días para su publicación un artículo titulado “Partidos suicidas” en el que sostengo la tesis de que los partidos políticos, en esta última fase de su evolución, encuentran crecientes dificultades para cumplir la las funciones de mediación e integración social que la teoría democrática les atribuye. El déficit representativo de nuestras instituciones es el telón de fondo en el que se enmarca ese análisis. Propongo, a continuación, los párrafos iniciales de ese trabajo en el que se menciona un caso bien conocido, que cualquier lector recordará, y que a mi juicio nos deja más de una cuestión pendiente. En su caso, podremos discutir más adelante el texto completo de este mismo trabajo.)

En una entrevista aparecida en febrero de 2012 en las páginas del Wall Street Journal, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), se decía confiado por los resultados de las políticas de consolidación fiscal y de reforma estructural promovidas por las instituciones europeas y se felicitaba por el hecho de que la opinión pública fuera tomando conciencia de la necesidad de adoptar tales medidas. Son medidas dolorosas, pero que van en la dirección correcta, la del ajuste que consiste en bajar los impuestos y cortar el gasto público en todo aquello que no sean infraestructuras e inversiones. El objetivo no es otro que despejar los obstáculos que están frenando el crecimiento económico. Con las tasas de desempleo juvenil alcanzadas en los países periféricos de la Eurozona, no nos queda más remedio que rendirnos a la evidencia: el modelo social europeo «ha muerto». El tiempo en que los europeos se creían tan ricos como para permitirse el lujo de pagar a todo el mundo por no trabajar ha pasado y no va a volver (cfr. B. Blackstone, M. Karnitshnig, R. Thompson, “Europe’s Banker Talks Tough”, en The Wall Street Journal, 24 de febrero de 2012).



Al día siguiente, la prensa internacional titulaba que las palabras de Draghi estaban sancionando oficialmente la quiebra del modelo social europeo. Una verdadera mutación constitucional. Todos los medios señalaban, además, la coincidencia de esas declaraciones con el anuncio, no menos importante desde el punto de vista político, de que el BCE iba a comprometer una cifra cercana a los 500 mil millones de euros para avalar la deuda pública de los Estados endeudados, levantando así una barrera definitiva frente a los reiterados ataques especulativos a los que estaba expuesta la moneda europea (y de paso también los bancos acreedores).

Pocas semanas más tarde, Ignacio Ramonet mencionaba esta misma entrevista a Draghi para describir la asfixia de tantos ciudadanos de la Unión afectados por los recortes y la devaluación interna, «una sensación agudizada por la comprobación de que la alternancia política no modifica la furia austeritaria de los gobernantes» (I. Ramonet, “Salir de la austeridad”, en Le Monde Diplomatique, edición en español, n. 199, mayo 2012). Se preguntaba Ramonet ─y no era simple retórica─ de qué sirven las elecciones si quienes las ganas se dedican a hacer exactamente lo mismo que hacían los anteriores gobernantes. ¿Para qué votar si las decisiones fundamentales que determinan las vidas de los ciudadanos están ya marcadas y el margen de actuación de los representantes ha quedado reducido prácticamente a la nada por la existencia de reglas y tratados que han sido definidos de una vez por todas? En otros términos, ¿puede haber representación sin alternativas? ¿O democracia sin alternancia?

Quienes se hacen preguntas como estas han rebasado una línea imaginaria que parecía inalcanzable en las democracias avanzadas. El déficit democrático en la actuación de una de las instituciones centrales para el equilibrio de la Unión Europea ─no una más, sino aquella que ha representado el cabo de las tormentas en la política europea de los últimos años─ va mucho más lejos que la preocupación por la ausencia de mecanismos de legitimación directa, basados en alguna forma de sufragio.

Abriendo el foco de análisis, y elevando la anécdota a categoría, podría decirse que las palabras de Draghi, por el lugar en que fueron pronunciada y por los efectos que desencadenaron, son en realidad la punta de un iceberg diez veces más profundo: los tradicionales mecanismos de representación democrática, tanto en las instituciones transnacionales como en el seno de las renqueantes naciones westfalianas, se han vuelto disfuncionales. No funcionan como dicen que funcionan, ni valen para lo que se dice que valen.

Prueba de ello es que este mismo episodio podría ser interpretado de una forma completamente distinta, no menos aguda que la anterior. El punto de partida es ahora una circunstancia que parece escapárseles a los críticos que acabamos de mencionar: desde hace mucho que toda política es, en algún sentido, representativa. El problema no está entonces en establecer si la figura del Presidente del BCE es representativa o no lo es, porque su nombramiento pasa por las urnas o sus decisiones por los parlamentos, sino en descifrar exactamente qué es lo que representa y cómo. De hecho, sus palabras pueden tomarse como expresión fidedigna del partido de la “TINA”, la célebre doctrina según la cual There Is No Alternative. Y ese partido, nos guste o no, tiene un peso extraordinariamente relevante en la definición de la política europea y global, tanto dentro de las instituciones, como fuera de ellas, en la opinión pública.

Por eso es engañoso decir que Draghi, en su papel institucional, no representa nada o no representa nada más que los intereses del capital financiero y las lobbies industriales. Sin necesidad de incomodar la vieja noción de consenso tácito, podemos reconocerle como portavoz autorizado de las amplísimas mayorías silenciosas, las que no salen a la calle, no protestan, no imaginan un futuro diferente al que administra el BCE.

Por otra parte, conviene tener presente que, como acaban reconociendo hasta los críticos más encendidos, que la presencia de instancias reguladoras, en un entorno político y económico como el actual, es indispensable y que su legitimación no circula nunca por los tradicionales cauces de la representación electoral. Por el contrario depende de los resultados que tales instituciones proporcionan. De ahí que quienes atienden con reverencia a las palabras de Draghi puedan echar mano de una réplica fácil y contundente: si llegara a demostrarse que, en el medio y largo plazo, la política promovida por el BCE favorece realmente el interés de los ciudadanos ─sus derechos, su bienestar, su confianza en el sistema, etcétera─ entonces podría decirse también, retrospectivamente, que su actuación los “representa”.

Las señales del déficit representativo que han de afrontar las instituciones democráticas son mucho más poderosas que las explicaciones disponibles sobre sus causas y sus efectos. No hace falta montar grandes aparatos teóricos para entender que el desencanto, la desconfianza y la desconexión entre instituciones y ciudadanos se debe, en buena medida, a la falta de representatividad de nuestras democracias y para pronosticar que el terreno está abonado para la proliferación de movimientos que aspiren a cubrir ese déficit con expresiones efímeras y volubles de identificación emotiva.

Nos enfrentamos, de un lado, a la irrupción de actores débilmente institucionalizados, capaces de dar forma a demandas de nuevo cuño, asociadas normalmente a valores post-materiales. De otro, al crecimiento exponencial de un nuevo aparato tecnocrático, anómalo respecto de los moldes burocráticos tradicionales y sistemáticamente entrelazado con las redes económicas y políticas que han surgido en esta última fase del proceso globalizador.

Como consecuencia de este doble movimiento, el cascarón formal de la democracia, articulado en torno a canales de representación partidista, tiende a quedar vacío de contenidos. No es extraño que los ciudadanos a pie puedan pensar que el juego que se desarrolla ante sus ojos no es más que una farsa, montada para cubrir la sistemática divergencia entre la voz del pueblo, expresada en las urnas, y las secuelas gubernamentales o parlamentarias del mandato electoral. Como antes decíamos, las elecciones se suceden, cambian los presidentes y las mayorías, y las promesas electorales se evaporan en medio de extraordinarias presiones mediáticas, salvo en unos pocos detalles, por lo general secundarios. ¿Cuáles? Aquellos que, con las oportunas dosis de marketing político, les proporcionan a los políticos el cuarto de hora de celebridad que ellos mismos creen merecerse. Por el contrario, las demandas que no arrastran los índices de audiencia decaen. Simplemente, no tienen hueco en la agenda.
[…]

Si algo puede decirse con claridad a propósito un caso como el de Draghi ─y sabemos la relevancia que tiene y que no es una simple excepción a la regla─ es que sería irresponsable interpretarlo como una situación de conflicto entre una instancia meramente tecnocrática y, por tanto, no-representativa, de un lado, y la voluntad de los auténticos portadores de la voluntad democrática, de otro, o si prefiere decirse así, simplificando en exceso, entre poderes contramayoritarios y poderes democráticos.

Encuentro al menos dos razones para descartar esta lectura simplificadora. La primera es que las autoridades reguladoras están ahí precisamente para eso, para “meter en vereda” a los representantes de turno, y sabemos positivamente que en sociedades tan complejas como las nuestras el riesgo de implosión del sistema es demasiado alto para renunciar a la presencia de autoridades de este tipo. Sería una excelente idea abolir de un plumazo, a golpes de soberanía popular, el BCE o la Reserva Federal norteamericana, o someter su actuación al mandato de las urnas ─¿alguien se imagina cómo se desarrollaría la campaña y cuál sería el resultado de un referéndum sobre la política monetaria?─, pero antes de hacer una cosa como esa convendría haber desmontado previamente, y por entero, el sistema financiero internacional, pues de lo contrario las consecuencias de nuestra admirable iniciativa democratizadora serían nefastas.

Y la segunda es que, si de lo que se trata es de valorar el grado de representatividad que efectivamente tienen los representantes, en tiempos de desafección y desconfianza generalizada, no podemos dar por supuesto que los delegados partidistas salgan siempre mejor parados que los gobernantes cooptados por otras vías, sin el refrendo de las urnas. La moraleja, como decíamos, es que todos mienten y todos saben que no tienen más remedio que mentir, disimulando la fragilidad de las instituciones.

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